La sanción de la Ley 27.739 en marzo de 2024 trajo consigo una de las reformas más significativas en el sistema de prevención de lavado de activos (AML) y financiamiento del terrorismo (CFT) en Argentina. Esta ley moderniza y amplía el marco normativo existente, adecuándolo a las recomendaciones internacionales del GAFI y a los desafíos actuales, como la inclusión de nuevas tecnologías y actores en el sistema financiero. A continuación, desglosamos los principales cambios y su impacto en los sujetos obligados.

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Principales cambios en la Ley 27.739

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1. Ampliación y redefinición de sujetos obligados

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La ley amplía el universo de sujetos obligados, incluyendo sectores emergentes y redefiniendo obligaciones.

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Nuevos sujetos obligados:

• Proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs): Plataformas de criptoactivos y otros intermediarios virtuales.
• Proveedores no financieros de crédito: Empresas que ofrecen préstamos sin ser entidades bancarias.
• Abogados: Limitado a quienes participen en actividades de alto riesgo, como la creación de sociedades.
• Crowdfunding: Plataformas de financiamiento colectivo.

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Sujetos excluidos:

• ONGs: Eliminadas debido a la carga desproporcionada de cumplir con las regulaciones antilavado.

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2. Reforzamiento del régimen sancionador

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• Montos actualizados: El lavado de activos ahora se define a partir de 150 salarios mínimos (aproximadamente 30 millones de pesos).
• Sanciones más severas: Se incrementaron los montos de multas para los incumplimientos.

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3. Registro centralizado de beneficiarios finales

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La AFIP centralizará la información sobre beneficiarios finales, permitiendo que terceros, según reglamentación, puedan acceder a esta base de datos. Esto busca mejorar la transparencia y facilitar el cumplimiento.

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4. Nuevos plazos y estándares para reportes de operaciones sospechosas (ROS)

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• El plazo para reportar operaciones sospechosas se redujo de 150 días a 90 días corridos.
• Una vez detectada la operación inusual, el reporte debe realizarse dentro de las 24 horas posteriores al análisis.

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5. Enfoque basado en riesgo

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Se refuerza el enfoque basado en riesgo, obligando a los sujetos obligados a:

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• Evaluar la adecuación de recursos, tecnología e infraestructura según la complejidad y volumen de sus operaciones.
• Implementar controles más robustos, especialmente en el monitoreo transaccional.

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Impacto en la industria fintech y nuevos desafíos

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Proveedores de servicios de activos virtuales

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La inclusión de los VASPs representa un cambio trascendental, ya que ahora deben cumplir con obligaciones estrictas:

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• Registro en la UIF y CNV.
• Implementación de sistemas automatizados de monitoreo transaccional.
• Creación de perfiles detallados (económicos, patrimoniales, financieros y tributarios).

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Industria financiera

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La ampliación de sujetos obligados genera impactos directos e indirectos en toda la cadena económica:

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• Duplicación de controles: Varios actores deben cumplir con normativas similares, lo que puede generar redundancias.
• Colaboración entre sujetos obligados: Compartir legajos de clientes entre entidades es clave para evitar ineficiencias y mejorar la experiencia del usuario.

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