En nuestro país, se ha aprobado mediante la sanción de la Ley 24.759, mediante la “Convención Interamericana contra la Corrupción”, firmada en la Organización de los Estados Americanos, celebrada en Venezuela. 

En dicha Convención no figura expresamente el significado de PEP pero sí define a la “función pública” como “toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos” y establece que “funcionario público”, “oficial gubernamental”, o “servidor público” es cualquier funcionario o empleado del Estado de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos.

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Es así, que bajo estos términos, Argentina toma en el año 2011 en la Resolución UIF 11/2011, modificada por la 52/2012, derogada posteriormente por la Resolución UIF 134/2018, y actualmente por la Resolución 35/2023, la adaptación de mencionados términos bajo el de “función pública prominente”, el cual abarcó no solo las funciones públicas sino también las funciones de importancia dentro del sector privado. 

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Mediante la sanción de la Ley Nº 26.097 se aprobó la "Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción", adoptada en la ciudad de Nueva York el 31 de octubre de 2003. En su artículo 2º de la citada Convención dispone que a los efectos de esa Convención se entenderá por "funcionario público" a: "i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo; ii) toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público, según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte".

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¿Qué acuerdan los Estados parte en esa Convención?

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Se establece que sus propósitos son: 

1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Parte, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; 
2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Parte a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio".

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Pero entonces, ¿Qué es un PEP?

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Es una persona que ocupa o ha ocupado un cargo público importante o una función pública relevante en un país determinado. El cargo o función puede ser tanto a nivel municipal, provincial, nacional o internacional

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¿Cuál es la razón para que las entidades financieras incrementen la debida diligencia a dichas personas?

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Se considera que estas personas suelen tener un mayor riesgo a participar en actividades de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, por mayor cercanía en posiciones de poder los cuales hacen que su actividad sea más proclive a percibir dádivas o sobornos, tanto para sí mismos como para terceras personas. 

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¿Todos los PEPs son considerados delictivos?

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NO. Se debe dejar en claro que todas las medidas recomendadas por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) son de naturaleza preventiva, no criminal; y que dichas personas NO deben ser estigmatizadas y/o consideradas por naturaleza delictivas, simplemente que tal como mencionamos anteriormente, el estar más cercano a esferas de toma de decisiones públicas o privadas hacen que se deba intensificar la debida diligencia de los mismos. 

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¿Cuáles son las medidas que se tienen que tomar en el mercado financiero ante un PEP como cliente?

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Las medidas suelen variar conforme la jurisdicción, pero en Argentina se debe reforzar la debida diligencia del cliente como también monitorear aún más las transferencias y además la aprobación final del alta por parte del Oficial de Cumplimiento de la entidad. 

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¿Qué dispone la UIF (Unidad de Información Financiera) respecto a los PEPs?

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En el 2018 se publicó una nueva guía de cumplimiento de la UIF (la cual no es una Ley, sino una recomendación de cumplimiento obligatorio para las entidades financieras)  en la cual se establece la obligación de las entidades financieras de mantener los registros de todos los PEPs identificados y de la documentación correspondiente a cada uno.

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