En ambos supuestos, son sanciones internacionales las cuales se han convertido en un elemento fundamental en el ámbito de las relaciones internacionales contemporáneas. Son medidas coercitivas que se aplican contra Estados, entidades no estatales o individuos que suponen una amenaza para la paz y la seguridad internacional. Los objetivos que se persiguen son modificar el comportamiento de un actor, disminuir su capacidad de maniobra o debilitar su posición y denunciar públicamente a aquellos actores que suponen una amenaza para la paz y la seguridad internacional. Dichas sanciones suelen funcionar como un método preventivo y a fin de evitar la utilización de las fuerzas armadas. A día de hoy existen tres organismos principales en la imposición de sanciones: Naciones Unidas, la Unión Europea y la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa)Tal como mencionamos en el blog de la UNSC, el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas establece la base jurídica para la imposición de medidas coercitivas en el seno de las Naciones Unidas. 

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‍¿Por qué la Unión Europea comenzó a armar las listas?

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La Unión Europea comenzó a recopilar información para crear la lista de terroristas y prevención de lavado de activos a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. 

A su vez, en el año 2005 estableció un marco legal para la prevención del uso del sistema financiero para el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Esta ley, conocida como la Directiva de la UE sobre el lavado de dinero (AMLD), se ha actualizado en varias ocasiones desde entonces.

La lista de terroristas y la prevención del lavado de activos son responsabilidad de la Unidad de Sanciones Financieras (FSU) de la UE. La FSU significa "Unidad de Sanciones Financieras" (en inglés, Financial Sanctions Unit) es una unidad de la Comisión Europea que se encarga de gestionar y aplicar las sanciones financieras impuestas por la UE contra países, entidades y personas específicas en todo el mundo, con el objetivo de prevenir la financiación del terrorismo y el lavado de activosde aplicar sanciones financieras en nombre de la Unión Europea.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude se conoce por las siglas OLAF de su denominación francesa, Office de Lutte Anti-Fraude (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude). Es un órgano independiente e interinstitucional de control administrativo, creado en 1999, que investiga fraudes o irregularidades graves con consecuencias negativas sobre el presupuesto de la UE, cometidas por funcionarios o agentes de las instituciones, órganos y organismos de la UE u operadores privados. Su misión es proteger los intereses financieros de la Unión, investigando fraudes y otras actividades ilegales, así como detectar e investigar las infracciones cometidas por agentes al servicio de las instituciones que pudieran desembocar en procedimientos administrativos y criminales contra ellos.

La OLAF puede abrir investigaciones de oficio o como consecuencia de denuncias de terceros, al término de las cuales presenta un dictamen en el que realiza recomendaciones dirigidas a proteger los intereses financieros de la UE.

La lista de terroristas de la UE se elabora con la ayuda de los Estados miembros de la UE y se actualiza regularmente. La lista incluye individuos y organizaciones que se considera que están involucrados en actividades terroristas o que apoyan dichas actividades. Una vez que una persona u organización es incluida en la lista, se aplican sanciones financieras, como la congelación de activos y la prohibición de hacer negocios con ellos.

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¿Cómo es el caso de la lista de United Kingdom?

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El Reino Unido también tiene una lista de sanciones financieras que se utiliza para prevenir el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos. La Oficina de Sanciones Financieras (OFS) del Reino Unido es responsable de la aplicación de las sanciones financieras en el país.

La OFS se estableció en 2017 como parte de una estrategia integral para prevenir el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos en el Reino Unido. La oficina trabaja en estrecha colaboración con otros organismos gubernamentales y autoridades reguladoras para aplicar las sanciones financieras de manera efectiva.

La lista de sanciones del Reino Unido incluye a individuos, organizaciones y países que se considera que representan una amenaza para la seguridad y la estabilidad del Reino Unido. Las sanciones pueden incluir la congelación de activos y la prohibición de hacer negocios con ellos.

La OFS trabaja en estrecha colaboración con otras agencias gubernamentales, como el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio de Inteligencia de Seguridad (MI5), para identificar y monitorear a las personas y organizaciones que deben ser incluidas en la lista de sanciones.

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¿Cuándo se creó la Oficina de Sanciones Financieras en United Kingdom?

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La Oficina de Sanciones Financieras (OFS) del Reino Unido fue establecida en 2017 como parte de la Ley de Sanciones Internacionales, la cual como mencionamos estableció un marco legal para la aplicación de sanciones financieras y económicas.

Antes de la creación de la OFS, la aplicación de sanciones financieras era responsabilidad del Tesoro del Reino Unido. Sin embargo, la creciente complejidad de las sanciones financieras, la necesidad de coordinación con otros países y la importancia de proteger el sector financiero de la actividad ilegal llevaron a la creación de una oficina dedicada a la aplicación de sanciones financieras.

La OFS es una agencia del gobierno del Reino Unido y forma parte del Departamento del Tesoro. La oficina tiene la tarea de administrar y aplicar las sanciones financieras y económicas del Reino Unido, incluyendo la elaboración de listas de sanciones y la gestión de la aplicación de sanciones, garantizando que las empresas cumplan con sus obligaciones legales en cuanto a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

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¿Cómo evitar dichas sanciones y multas?

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Las entidades financieras deben realizar un control de su onboarding de clientes como también tomar las medidas necesarias que garanticen el correcto diagnóstico en la implementación de su monitoreo, en la detección de transacciones sospechosas y en la realización de las debidas diligencias antes y durante la efectivización de las transacciones financieras. 

Es una herramienta importante contra la lucha del terrorismo y la prevención de lavado de activos y está diseñada para mitigar la lucha internacional.